El depósito legal es la normativa que obliga a depositar, en una o más bibliotecas, ejemplares de las publicaciones editadas en un país.
Tiene como objetivo la compilación del patrimonio cultural e intelectual de cada país, con el fin de garantizar su conservación y ponerlo a disposición de la ciudadanía, por lo que debe ser contemplado como un bien democrático que asegura, tanto para hoy como para las generaciones futuras, el acceso al legado cultural con fines de información e investigación.
Así pues, el depósito legal permite al estado español, y a las comunidades autónomas con esta competencia, recoger ejemplares de las publicaciones de todo tipo en cualquier soporte, tanto tangible como no tangible, y destinadas por cualquier procedimiento a su distribución o comunicación pública, sea esta gratuita u onerosa, con el fin de preservar su patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital, así como facilitar su acceso con fines culturales, de investigación o información.
El depósito legal se regula a nivel estatal a través de la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, modificada por la Ley 8/2022, de 4 de mayo; y del Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en línea.
La Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, actualiza la anterior normativa para adecuarla al actual escenario de la creación cultural y editorial, incorporando nuevas tipologías documentales (como las publicaciones de impresión bajo demanda, los catálogos comerciales de librerías, editoriales y subastas, los marcapáginas o los videojuegos, antes entendidos dentro de los documentos audiovisuales), y eliminando otras que carecen de valor bibliográfico nacional y pueden ser conservadas por otros canales alternativos.